Carlos Beraldi, abogado de la vicepresidenta, había presentado en las últimas horas un escrito reclamando que esta instancia del juicio se trate de forma presencial, teniendo en cuenta que tanto CFK como quien fue su ministro de Economía (y actual gobernador bonaerense) van a ejercer su propia defensa.

La respuesta de los integrantes de la Sala es que como consecuencia de la pandemia no se recomienda la presencialidad, aunque de todas maneras le dieron visto bueno a la transmisión abierta, por lo que la audiencia será pública.

Los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña resolvieron el pedido presentado por Beraldi. La Sala I había enviado el viernes pasado un instructivo en el que se adelantaba una restricción total: “Queda prohibido retransmitir la audiencia por cualquier medio tecnológico, total o parcialmente, así como la difusión de videos, imágenes, capturas de pantalla o audios de dicho acto procesal por cualquier otro medio o dispositivo, simultáneamente o con posterioridad a su ocurrencia ”.

Pero Beraldi les dijo a los magistrados que en el mismo edificio de Comodoro Py se hacen audiencias presenciales, como por ejemplo en la causa conocida como Vialidad u obra pública de Santa Cruz. En las audiencias están presentes los jueces y todos sus colaboradores. Además, el letrado sostuvo que la metodología del zoom debe tener la conformidad de las partes, por lo que la audiencia del jueves corresponde que se haga en forma presencial.

Finalmente, la Casación atendió a una sola de las demandas. Al respecto, señalaron que se acojen a las acordadas de la Corte Suprema y resoluciones de la Cámara de Casación referidas a las audiencias en tiempos de Covid, y en consecuencia ratificaron que la audiencia será por Zooma, por lo que los alegatos de Cristina y de Kicillof serán públicos.

Beraldi consignó en su escrito: “es imperativo que la gente pueda ver de primera mano y sin intermediarios en qué consiste los conflictos que se someten ante los Tribunales, resultados son los argumentos que presentan las partes, y de qué manera tales litigios son resueltos por los jueces ”.

Esta audiencia justamente es considerada clave en lo que es la causa dólar futuro, teniendo en cuenta que, de acuerdo a los resultados de las pericias llevadas adelante por especialistas de la Corte Suprema, se determinó que no sólo no hubo ningún perjuicio para el Estado, sino que la política de dólar-futuro se aplicó en numerosos países, y que en acá evitó una corrida cambiaria y una caída en las reservas del Banco Central.

La firma de la pericia de 82 páginas fue unánime y sobre esa base los imputados -Cristina, Kicillof, los directores del Banco Central y el ex titular de esa institución, Alejandro Vanoli- pidieron que se cierre la causa por inexistencia de delito. Uno de los jueces del tribunal oral, Adrián Grünberg, sostuvo que el juicio no debería hacerse, mientras que los dos restantes, Ricardo Basílico y Juan Michilini, alineados con el macrismo, dictaminaron lo contrario.

La debilidad de la causa está en el hecho de que ningún funcionario se enriqueció, y en cambio los que hicieron ganancias significativas fueron muchos de los empresarios y funcionarios vinculados al macrismo que iban a asumir sus cargos meses después, como Nicolás Caputo, Luis Caputo, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, entre otros, quienes sí obtuvieron considerables ganancias cuando el gobierno de Cambiemos llevó a cabo una devaluación que los benefició.

Las pericias realizadas cuando la causa llegó al TOF 1 determinaron que la operatoria de dólar futuro era un instrumento idóneo como “tool de control para la estabilidad monetaria y cambiaria del país” y que no hubo perjuicio para el Estado nacional, sino, por el contrario , se produjeron ganancias.

La causa se inició por una denuncia de diputados del PRO en octubre de 2015, quienes sostuvieron que entre agosto y noviembre de 2015 el Banco Central cerró contratos a “dólar futuro” con los cuales se habrían ejecutado supuestas maniobras anómalas.

El fallecido juez Claudio Bonadio consideró que hubo delito y procesó a Cristina Kirchner, Kicillof y exdirectores del Banco Central por presunta administración infiel en perjuicio de la administración pública.

Fuente: Info 135