El procurador interino Eduardo Casal dictaminó hoy que no es competencia de la Corte Suprema de Justicia dirimir el pedido de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para dar "validez legal" a eventuales sesiones remotas del Congreso en medio de la pandemia de coronavirus.  Ahora deberá resolver la Corte Suprema que habilitó la feria judicial extraordinaria por la pandemia para tratar el caso. El dictamen de Casal no es vinculante, por lo que para el máximo tribunal puede tener una opinión distinta.

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“La aplicación de los básicos conceptos referidos conduce a rechazar el planteo de la actora (Nda: es quien hace la presentación judicial), en tanto ella se limita a requerir, sin que exista una causa judicial en los términos exigidos por la legislación y doctrina reseñadas, que se despeje el estado de incertidumbre con respecto a la validez de sesionar por medios virtuales o remotos con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento de la H. Cámara de Senadores, teniendo en cuenta la situación de gravedad institucional generada por el COVID-19, hipótesis que excede el marco de actuación del Poder Judicial”, sostuvo Casal en su dictamen de 17 páginaslarativa de certeza ante el máximo tribunal para que se expida sobre la posibilidad constitucional de que el Congreso sesione por teleconferencia en el marco del cumplimiento del aislamiento preventivo, social y obligatorio que los legisladores y las legisladoras deben cumplir como medida preventiva del avance de la covid-19.

La Corte habilitó la feria judicial extraordinaria, implementada en el marco de la cuarentena que desde hace un mes mantiene prácticamente paralizada a la Justicia, para tratar el pedido de la ex mandataria. El primer paso en ese tratamiento fue un pedido que le realizó a Casal para que emita un dictamen con su posición sobre el tema. El dictamen no sería vinculante y debía estar disponible en 48 horas.

CFK le pidió a los supremos una definición que destrabara la parálisis en la que se encuentran cuestiones relativas a políticas penales y tributarias. Es que si bien es una materia que el Poder Ejecutivo tiene prohibido regular a través de decretos, la cuarentena hace que el Congreso tampoco pueda hacerlo debido a que no se puede reunir en forma presencial por el peligro que significa para la salud de centenares de personas, además de ser directamente opuesto al aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el presidente Alberto Fernández. En ese limbo permanece, aún, el proyecto de ley para gravar de manera extraordinaria a las grandes riquezas como forma de reforzar las cuentas públicas frente a la pandemia.

El pedido de la vicepresidenta estuvo acompañado del apoyo del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien adhirió al planteo al considerar que "las sesiones remotas son un hecho que tiene que ver con la cuarentena. Es muy importante que la Corte se exprese sobre la validez y nos dé certeza".