El gobierno argentino supo con seis días de anticipación que se iba a realizar  el golpe de Estado contra Evo Morales.
El dirigente ultra religioso y fascista, Luis Fernando Camacho, convocó a una reunión a los representantes diplomáticos de los consulados de Santa Cruz de la Sierra y explicó como sería el golpe insurreccional.

La reunión se realizó el 4 de noviembre con los representantes de Argentina y España. Allí el “Macho” Camacho, pidió asilo político al cónsul argentino, Roberto Dupuy, en caso que fracasara el levantamiento contra Evo Morales. Desde el gobierno argentino le informaron que en el consulado de Santa Cruz no lo podían alojar, que debería hacerlo en la embajada argentina en La Paz, la que tenía inmunidad.

Camacho además le contó que en este proceso insurreccional participarían las fuerzas armadas y que si no renunciaba Morales ingresarían a la casa de gobierno.

La información quedó volcada en un cable que el consulado argentino envió a la Cancillería, según confirmó el portal El Cohete A La Luna. Según esa misma fuente, los cónsules que intervinieron en el encuentro creyeron haber convencido a Camacho de desistir.

La información publicada hoy en el portal que dirige Horacio Verbitsky seguramente genere revuelo en las próximas horas.

Mientras tanto, ayer, y en edio de las denuncias por asesinatos y violaciones a los derechos humanos en Bolivia, el gobierno de facto de ese país emitió un decreto supremo que le da a las Fuerzas Armadas luz verde para inmiscuirse en la seguridad interior, reprimir las movilizaciones contra el golpe de Estado y quedar “exentos de responsabilidad penal”.

La norma que da impunidad a quienes cometan delitos que transgredan la legislación nacional o la normativa internacional de derechos humanos lleva la firma de la presidenta interina Jeanine Áñez.

El decreto también pone a disposición de las fuerzas de seguridad locales y nacionales todo el aparato del Estado. Según el texto, “todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo a las necesidades, deben presar el apoyo requerido a las fuerzas militares y policiales”.

A pesar de la falta de especificaciones, se sobreentiende que en este punto se les concede el acceso a los servicios de inteligencia, el presupuesto para equipamiento y la información y servicios con los que cuente la sumatoria de los ministerios.

El punto más grave del "decreto supremo" reside en el artículo tercero, que explícitamente le da carta blanca al Ejército para reprimir sin que importe si esa actuación transgrede la legislación.

“El personal que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando, en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”, añade el texto.

 

 

Fuente:El Cohete a La Luna / Pagina/12