Sintiéndose acorralado por la acumulación de abrumadoras pruebas que lo colocan en la cuerda floja, el Procurador General interino, Eduardo Casal, decidió pasar al contraataque, lo que demuestra que, preso de un indisimulable estado alterado, sería un auténtico manotazo de ahogado que sólo busca seguir atornillado ilegalmente a la silla del cargo que ocupa desde hace tres años y medio, con la burda complicidad del macrismo y de los medios hegemónicos.

Días atrás, Casal se autodenunció ante el fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe. Lo hizo en respuesta a la acusación del diputado Rodolfo Tailhade, quien precisó que  se había detectado un abultado crecimiento de su patrimonio desde 2017, cuando quedó a cargo de la Procuración tras la renuncia forzada de Alejandra Gils Carbó.

El legislador habló de once propiedades y de acciones por más de seis millones de pesos –incluidas en Telecom y en Pampa Energía, entre otras-. En su presentación, Casal dijo que las imputaciones eran infundadas y sostuvo que el crecimiento podría explicarse por haber recibido la herencia de sus padres.

En las próximas horas, se sabrá quiénes serán el juez y el fiscal que deban investigar, nada más y nada menos, que al jefe de los fiscales. “La autodenuncia es una maniobra para lograr impunidad inmediata”, asegura Tailhade. Y, con razón, se pregunta: “¿Qué fiscal va a requerir contra el procurador general interino? Si consideraba que tenía que dar explicaciones, debió venir a la Bicameral, donde no se habló de hacer una denuncia penal, sino de pedir explicaciones. Claramente está preocupado por el tema”.

Por otra parte, durante el último encuentro de la Comisión Bicameral, que preside el senador Martín Doñate, se discutió sobre dos asuntos que lo tuvieron a Casal como protagonista central: la reprimenda pública a un grupo de trece fiscalas que se reunió con el ministro de Justicia, Martín Soria, para discutir la reforma de la ley del Ministerio Público en perspectiva de género.

Por otro lado, se analizó la inacción del Procurador interino ante la revelación de que el fiscal ante la Casación, Raúl Pleé había estado reunido con el entonces presidente Mauricio Macri y con el titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas, el 23 de marzo de 2018 en la quinta de Olivos.

Después de que esta reunión saliera a la luz en una investigación del portal El Destape, Pleé -uno de los fiscales de mayor ascendencia en los tribunales de Comodoro Py- amitió por escrito el encuentro en el que Macri le habría dicho que no iba a ser su candidato para la Procuración General después de haberse inclinado por la jueza porteña Inés Weinberg de Roca, pero le pidió que no renunciara -como él ya había dejado trascender que haría-. Con ese descargo, Pleé confirmaba que había permanecido en su cargo, en sintonía con los deseos del ex presidente.

La inacción de Casal en este caso, encendió las luces de alarma en la Bicameral, donde las críticas a su accionar se van sumando, tanto por sus guiños frente a los reiterados faltazos del procesado fiscal Carlos Stornelli a las indagatorias en la causa por espionaje ilegal en el juzgado de Dolores, como por la persecución a la fiscala de la causa del Correo, Gabriela Boquin.

“Estamos analizando si debemos hacer un reproche penal por su accionar frente a Pleé”, confió el senador Doñate. “La gestión de Casal es la degradación más grave del Ministerio Público. Es una situación irregular e ilegal la que lo mantiene en el cargo y ha quedado demostrado que es uno de los protagonistas de la mesa judicial del macrismo. Hubiera sido imposible que Macri llevara adelante la persecución judicial si no estaba Casal”, agregó.

Todo esto ocurre mientras la Cámara de Diputados reactiva el tratamiento de la ley de reforma del Ministerio Público, que dejaría finalmente al Frente de Todos más cerca de nombrar a un titular para la Procuración.

El ministro Soria estuvo la semana pasada en un plenario de comisiones para reactivar la discusión sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal en la Cámara de Diputados, que ya obtuvo la media sanción en el Senado. La propuesta del Gobierno incluye que la mayoría para designar al nuevo titular de la Procuración baje de la mayoría calificada de los dos tercios del Senado a una mayoría absoluta, que el mandato sea de cinco años -no hasta los 75 años como ahora-, y que se sigan requiriendo los dos tercios para la remoción.

De avanzar con la sanción de la ley y si se relajara la mayoría necesaria para nombrar al procurador, se podría avanzar entonces con la designación de un nuevo jefe de los fiscales. Como se sabe, el candidato del presidente Alberto Fernández es el juez federal Daniel Rafecas, que había expresado su voluntad de que se mantuvieran los dos tercios para su elección. En el Congreso dicen que hay que continuar con un trabajo fino para conseguir los seis votos que faltarían en la Cámara de Diputados y lograr el objetivo.