El camarista Roberto Hornos, que visitó la Casa Rosada durante la presidencia de Mauricio Macri en tres ocasiones, puede ser quien revise la causa por el envío de armas a Bolivia ya que integra las dos salas que conforman la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Se trata del tribunal que, además, puede llegar a intervenir en la designación del juez del caso si el conflicto de competencia en primera instancia escala ante la instancia revisora.

Mientras se define el juez a cargo de esta pesquisa de alto voltaje político, el gobierno nacional prepara una ampliación de la denuncia y se conocen detalles de las declaraciones de los agentes bolivianos, tanto de la Policía como de la Fuerza Aérea boliviana, que participaron de la maniobra.

El otro Hornos

Roberto Hornos es uno de los tres jueces que conforman la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Tal como se desprende de la página del Poder Judicial, es el vicepresidente segundo del tribunal e integra la sala A y la B. En la primera está con Juan Carlos Bonzon y Carolina Robiglio. En la segunda está solo con Robilgio. Por ende, es casi un hecho que intervendrá en la causa por contrabando agravado que complica al expresidente Macri y a los exministros Patricia Bullrich y Oscar Aguad, entre otros, cuando el expediente escale a la instancia revisora.

Roberto Hornos es hermano del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, un asiduo visitante de Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, tal como publicó El Destape. Gustavo fue denunciado penalmente por sus ingresos al despacho privado de Macri. Según indicaron fuentes del fuero Penal Económico, la relación entre los hermanos no es la mejor.   

Tal como publicó Mariano Martín en Ámbito el 4 de mayo pasado Roberto Hornos también ingresó a la Casa Rosada. De acuerdo a la lista de ingresos a la Casa de Gobierno entre 2015-2019, lo hizo en 3 ocasiones.

El primer ingreso ocurrió el 19 de octubre de 2016 y todo indica que fue un encuentro de un grupo de un nutrido grupo de jueces del que participó el entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. Hornos quedó registrado como presidente de la Cámara en lo Penal Económico. Distintas fueron las otras dos visitas.
 

El segundo ingreso fue el 17 de abril de 2017 y no figura en el Registro Único de Audiencias. Roberto Hornos ingresó a las 12.56. En el mismo horario entró el abogado de Macri Alejandro Pérez Chada. Dos minutos después ingresa Carolina Stanley quien era la ministra de Desarrollo Social. En ninguno de los tres casos se dejó registrado el destino tampoco quién autorizó a quienes no eran parte del Gobierno. Los tres se retiraron a la misma hora: 19.05. Macri había ingresado aquel día a la Casa de Gobierno a las 10.07. Coincidencias de la era macrista: ese mismo 17 de abril, según publicó el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez de Comodoro Py Sebastián Casanello remitía una parte del caso Panamá Papers que complicaba a Macri, la referida a una posible evasión o fraude tributario de Mauricio o su familia, a la Cámara en los Penal Económico que presidía justamente Roberto Hornos.

El 17 de abril de 2017 el CIJ publicó: “’Panamá Papers’: el juez Casanello declaró su incompetencia para seguir interviniendo en la causa”. En aquella nota del CIJ se afirmó que Casanello remitió una parte del caso “a la Excma. Cámara en lo Penal Económico a fin de que se sortee el juzgado que deberá investigarla (…)”.

El caso fue sorteado y quedó en manos del juez en lo penal económico, Diego Amarante, quien terminó sobreseyendo a Macri en diciembre de 2019.
 

La tercera visita ocurrió el 26 de febrero de 2018 y tampoco figura en el Registro Único de Audiencias. Roberto Hornos fue a ver al jefe de Gabinete Marcos Peña. Entró a las 15.15 y se retiró a las 15.51.

El tribunal que integra Hornos podría intervenir en breve en el caso del contrabando de armas a Bolivia. Dependerá de si el conflicto por la competencia llega a la cámara.

El miércoles se conoció que el juez Alejandro Catania rechazó hacerse cargo de la causa que le envió su colega Javier López Biscayart. Ambos tienen en sus manos denuncias por los mismos hechos: el contrabando de armas a Bolivia por parte del gobierno de Macri para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales.

Catania entendió que el expediente de su colega, que investiga la denuncia presentada por el gobierno nacional, estaba más avanzado y se lo devolvió. López Biscayart había mandado su causa porque la otra denuncia que tiene Catania (realizada por el excamarista Eduardo Freiler) se realizó unos minutos antes que la radicada por los ministros Martín Soria y Sabina Frederic y la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Ponto. Si López Biscayart acepta los argumentos de Catania, se quedará con el expediente. Pero si los rechaza, se trabará un conflicto de competencia que deberá zanjar la cámara.

A diferencia de los jueces, el fiscal es el mismo en ambos casos: Claudio Navas Rial. Con una distinción: en el caso que tiene Catania, la investigación está delegada en él.

Las nuevas pruebas

Mientras se define qué juez queda a cargo de la denuncia que realizó el gobierno nacional por el envío de armas a Bolivia por parte del gobierno de Mauricio Macri, arribaron desde Bolivia nuevas pruebas que brindan detalles de cómo fue la operatoria. Se destacan las declaraciones de agentes de la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana, entre los que se encuentran los que recibieron el armamento en el aeropuerto de La Paz. El gobierno nacional preparara una ampliación de denuncia.

Según pudo reconstruir El Destape, la mayoría de los policías declararon que el armamento que envió el gobierno de Macri al régimen de Jeanine Áñez en la noche del 12 de noviembre de 2019 se entregó en la madrugada del 13 en el aeropuerto de La Paz. Si bien un agente refirió que el material bélico se pudo haber repartido en la embajada argentina, fuentes con acceso a las declaraciones explicaron que esto puede deberse a una confusión ya que la camioneta en la que viajaban las municiones destinadas a los golpistas frenó en la sede diplomática porque llevaba parte del equipamiento del Grupo Alacrán, la tropa de elite de la Gendarmería  que había viajado a Bolivia para custodiar la embajada. Esto se debió a que no cupo en el vehículo que transportaba a los gendarmes.

Según pudo saber este medio, también declaró un suboficial de la Fuerza Aérea que sería el que recibió parte del armamento.

La información ya llegó al Gobierno argentino, que trabaja en una ampliación de la denuncia original. En los últimos días se conoció que mientras se enviaban y recibían las armas en Bolivia se dieron diversas reuniones tanto en la Casa Rosada como en la Quinta de Olivos entre los principales acusados, por lo que es de esperar que se sumen nuevos nombres en la presentación.

Por ejemplo, el 12 de noviembre de 2019, el mismo día que asume la presidenta de facto Áñez y parten desde la Argentina las armas para los golpistas, se produjeron reuniones en la Casa Rosada que protagonizaron muchos de los acusados.

Tal como se desprende de la lista de ingresos a Balcarce 50, aquella jornada Macri recibió al canciller Jorge Faurie. Después de esa reunión, Faurie firmó una nota dirigida a los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad, en la que pidió reforzar la seguridad de la embajada argentina en Bolivia. Pero el pedido por los gendarmes y el armamento ya se había canalizado el día anterior. Todo indica que la nota de Faurie fue legitimar el envío ilegal de armas: el mismo día de la nota del canciller, se da el pedido de ampliación de armamento para enviar a Bolivia con el grupo Alacrán. Esa segunda solicitud que hace la GNA a la ANMaC  es la de los 70.000 cartuchos 12/70 AT que terminaron en manos de los golpistas.

Diez minutos después de la partida de Faurie, ingresa a Casa de Gobierno la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, imputada junto a Macri por contrabando agravado. Va a ver al jefe de Gabinete Marcos Peña. Luego se suman al encuentro con el jefe de los ministros la cúpula del ministerio de Seguridad y los directivos de las fuerzas que dependían de Bullrich. Entre ellos, se encuentra el jefe de la Gendarmería, Gerardo Otero. Aquel 12 de noviembre de 2019 fue su única visita en todo ese año a la Casa Rosada. Justo el día que se envía el armamento a Bolivia. También estuvo en Balcarce 50 el secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo.

Al día siguiente, el 13 de noviembre de 2019, cuando se reparten las municiones en el aeropuerto, se repiten reuniones entre los mismos protagonistas pero en la Quinta de Olivos. De acuerdo a las planillas de control de audiencias de la Quinta de Olivos ese día hubo 60 ingresos. Una de las visitas particulares de este día fue la del exembajador de los Estados Unidos, Noah Mamet. Todo indica que se reunió con Marcos Peña. Cinco días antes, el 8 de noviembre, había estado junto a Macri quien era el embajador vigente de los EE.UU en la Argentina, Edward Prado. EE.UU. apoyó explícitamente el derrocamiento de Evo Morales mediante un comunicado del 11 de noviembre de 2019. En Bolivia consideran que el gobierno norteamericano fue el principal impulsor del golpe.

De acuerdo a los documentos oficiales que se encontraron tanto en la Argentina como en Bolivia, apenas asumió Añez el gobierno de Macri envió 70.000 cartuchos 12/70 AT y alrededor de 600 granadas para apoyar el golpe contra Evo Morales. El armamento se repartió entre la Policía y la Fuerza Aérea Boliviana. Parte del arsenal se encontró recientemente en depósitos de la Policía local. Las municiones se enviaron de contrabando en el Hércules C-130 en el que viajó el Grupo Alacrán. El escándalo derivó en denuncias penales en ambos países.

Fuente: El Destape