A partir de una resolución publicada este jueves en el Boletín Oficial, las fuerzas de seguridad y las policiales estarán autorizadas a solicitar el DNI a las personas que utilicen el sistema de transporte de trenes de todo el país. El objetivo, afirman, es la prevención del delito.

“El compromiso del Estado Nacional con la seguridad pública genera la necesidad de actualización permanente en la elaboración de políticas públicas que apunten a la prevención, en especial en el sistema de transporte público de trenes de pasajeros, con el propósito de evitar los comportamientos delictivos que se suscitan a diario”, señala la resolución 845/2019 en uno de los considerandos.

El programa, denominado “Ofensores en trenes”, será presentado esta mañana por los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich; y Transporte, Guillermo Dietrich. Ambos funcionarios estarán acompañados por el titular de Trenes Argentinos, Marcelo Orfila, y el jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia.

“Instrúyase a las Fuerzas Policiales y de Seguridad a los efectos de que extremen los recaudos y facultades de control que le son propias en zonas de ingreso, egreso, tránsito y/o permanencia de personas que utilizan el transporte público en trenes de pasajeros, teniendo por objeto, a través de la verificación de identidad de las mismas, la constatación de la posible existencia y/o vigencia de medidas restrictivas de carácter judicial”, señala el artículo 2 de la Resolución 845/2019.

Según detalla el documento, en caso de constatarse algún tipo de medida restrictiva “se comunicarán a la autoridad judicial pertinente, labrándose un acta en la que se notificará a la persona identificada” de lo dispuesto por la Juticia.

“En caso de presentarse más de una medida judicial de carácter restrictivo, deberá informarse a los magistrados sobre la existencia de procesos concomitantes y el alcance de las restricciones vigentes”, agrega.

En tanto, al momento de fundamentar la medida en términos legales, la resolución recuerda un fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño de 2016, cuando avaló la facultad de la Policía para pedir documentos a peatones en lugares públicos con el mismo objetivo.

“La solicitud de documentos en la vía pública a las personas en ejercicio de controles generales, constituye una de las facultades propias del ejercicio del poder de policía del Estado en materia de prevención del delito”, señala.

Fuente: A24