Un llamado a licitación pública del ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires despertó un gran número de críticas en el mundo de los proveedores del Estado. Se trata de la licitación pública número 21200-97845/2016, cuyo número de procedimiento es el 1/2016. A través de ella, el ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires contratará el servicio de racionamiento de alimentos por tres años, pagándole a la empresa ganadora un total de 1.175.204.151 pesos.

La denuncia fue presentada por un gran número de empresas radicadas en la provincia de Buenos Aires, que desean participar de dicha compulsa pero que aclaran que, tal y como está planteado el pliego, sólo puede presentarse un empresario amigo del poder: Víctor Lusardi.

El pliego está viciado de exigencias caprichosas y que difícilmente se repitan en otros ámbitos. Todas ellas, planeadas para imposibilitar la presentación de una empresa nueva al ruedo.

El punto más polémico es el 8.19, en donde se exige que las empresas que se presenten hayan realizado previamente servicios similares en unidades carcelarias. Para ello, deberán contar con una certificación que no debe tener más de 30 días de emitida al momento de la apertura del acto licitatorio. Esto elimina de cuajo la incorporación de nuevas empresas al sistema.

Otro de los agravantes de esta situación, radica en que la nueva ley de contrataciones de la provincia y su decreto reglamentario Nº 1300/16 establece que para impugnar dicho Pliego de Bases y Condiciones se deba presentar una garantía del  2 por ciento del valor estimado, lo cual, en el caso mencionado asciende a 58.760.207,55 pesos, siendo imposible para una PYME hacerlo. Lo mismo ocurre si se intentara acudir a la justicia ya que solo la tasa de justicia sería imposible de afrontar.

Acá aparecerá el video, puede demorar unos segundos la carga.