La Corte ya había recibido en los últimos días un pedido de hábeas corpus por parte de los abogados defensores de Sala, quien lleva adelante una huelga de hambre desde la última semana, cuando por orden del juez Pablo Pullen Llermanos fue traslada al Penal Federal de Salta.

En esa presentación hecha por los organismos – a la que hoy da respuesta el máximo tribunal – se le señalaba a la Corte "el agravamiento de sus condiciones de detención y los riesgos que de ello pueden derivar" si no se hacía cumplir con el pedido de la CIDH.

La carta recordaba que la medida del juez Llermanos incumplía con lo dictado por la CIDH en noviembre de 2017, cuando recomendó que sea sustituida la prisión preventiva de Sala por el el arresto domiciliario.

No es el primer cuestionamiento que los organismos le hacen a la justicia de Jujuy. Tiempo atrás, había manifestado que la detención domiciliaria que estaba cumpliendo la dirigente social no era correcta, ya que estaba alojada en un domicilio distinto al suyo y bajo un operatativo de seguridad.

Como se puede ver, no es una figura apreciada por el Gobierno.