Claudio Bonadio emitió una orden de presentación -instancia previa al allanamiento- para que Autopistas Urbanas S.A. (AUSA), una empresa cuyo principal accionista es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entregue información sobre el proceso licitatorio del Paseo del Bajo.

El juez tiene a su cargo una investigación por el modo en que se decidió cuáles empresas serían adjudicatarias de la millonaria licitación de la obra que usó como emblema el macrismo en la campaña electoral.

El caso comenzó por la presentación realizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que encabeza Sergio Rodríguez, quien denunció a los gobiernos de Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta por la sospecha de direccionamiento del principal tramo de la licitación.

La empresa IECSA, que era propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del Presidente de la Nación, fue la beneficiada con la construcción de un tramo de la obra -la trinchera por la que circulan los camiones- por el que se presupuestaron 4.480 millones de pesos, pero la empresa lo cotizó en 3.183 millones. IECSA luego fue vendida a Marcelo Mindlin.

Rodríguez se presentó ante la Justicia federal para que se investigue la licitación luego de la denuncia que realizara en su fiscalía Cecilia Segura, presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires. Los equipos técnicos de la Auditoría de la Ciudad detectaron irregularidades en el proceso licitatorio y eso fue la base de la denuncia.

Fuente: Infobae