usar recursos e información de su trabajo en provecho personal como así también recibir regalos o donaciones.

El Código, que alcanza a todos los fiscales y defensores a su cargo, establece taxativamente que los funcionarios no pueden participar de “actos de índole político partidario, evitando pronunciarse públicamente, implícita o explícitamente, acerca de su filiación política o afinidad”. También fija que “deben abstenerse de participar en actividades, situaciones o comportamientos incompatibles con sus funciones o que puedan afectar su independencia de criterio o credibilidad en el desempeño del cargo”.

El texto también les prohíbe recibir “dádivas, regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”, tanto a ellos como a sus familiares directos. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática, se dispone que los regalos deberán registrarse e incorporarse como patrimonio del Estado.

En otro artículo, se establece que los  fiscales tampoco podrán utilizar la propaganda institucional o los recursos públicos para la “promoción personal del nombre”, ni usar información adquirida en cumplimiento de sus funciones para actividades no relacionadas a sus funciones.

El código generó polémica ya que Conte Grand impone estas reglas a los agentes a su cargo cuando él mismo tiene varias denuncias en su contra por “apretar” a jueces y también por usar información de la Procuración y filtrarla a los medios, como ocurrió en el caso del juez de Avellaneda, Luis Carzoglio. En octubre del año pasado, ese magistrado lo acusó de haber filtrado información suya a La Nación y Clarín por negarse a detener al sindicalista Pablo Moyano en una causa por fraude en el club Independiente, un caso de sumo interés para el gobierno.

En solidaridad con Carzoglio, Víctor Violini, juez de casación bonaerense y presidente de la Asociación de Magistrados salió a denunciar que Conte Grand “persigue” a jueces y que “filtra” a la prensa escuchas de causas delicadas. “Las presiones al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo de la Pcia. de Bs. As. encarnado en la persona de Conte Grand existen y son intolerables”, aseguró en ese momento Violini.

Antes de ser procurador, Conte Grand era secretario Legal y Técnico de María Eugenia Vidal. Fue propuesto por el Ejecutivo y nombrado con los votos del Senado. Antes había sido funcionario de Mauricio Macri en el gobierno porteño. La pregunta entonces que sobrevuela es si, como reza el código, dejará de compartir actos con Vidal y dejará también de hacer públicas sus opiniones sobre el gobierno y la oposición.

Fuente: info135.com.ar