Bien de manual, el juez Claudio Bonadio ya terminó de redactar la resolución con la que pedirá el desafuero de Cristina Kirchner y su prisión preventiva por considerarla jefa de una asociación ilícita y responsable de comandar una estructura desde el Estado para recaudar fondos ilegales y lo filtró a Clarín y La Nación anoche mismo.

La investigación de Bonadio recoge como dato clave la confesión del ex secretario de Obras Públicas, José López, quien dijo que al morir Néstor Kirchner, Cristina asumió el manejo de las coimas. Por eso, según Clarín y La Nación, Cristina lideraba “una organización delictiva conformada por funcionarios públicos, quienes valiéndose de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), actuó entre los años 2003 y 2015”.

El objetivo de las maniobras era “procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional”, indicó Bonadio.

El fallo se conocería la semana próxima porque “es tal la magnitud de la sentencia, en la que citan evidencias y se glosan las declaraciones de los arrepentidos que involucraron a otros acusados, que los colaboradores que se habían propuesto terminar anoche seguían trabajando al cierre de esta edición”, sostiene La Nación.

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En el avance de la investigación publicado hace algunas semanas en la página web del Centro de Información Judicial (CIJ), el magistrado determinó que “durante un lapso cercano a los ocho años -cuanto menos-, Roberto Baratta (subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Nelson Javier Lazarte (secretario privado de Baratta), Hernán Camilo Gómez (funcionario de la subsecretaría de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal), Fabián Ezequiel García Ramón (Director Nacional de Energías Renovables y Eficiencia Energética del Ministerio de Planificación Federal), Rafael Enrique Llorens (subsecretario Legal del Ministerio de Planificación Federal) y Walter Fagyas (presidente de ENARSA), efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno”.

Fuente: Info135