El debate en Diputados por la ley de Biocombustibles volvió a mostrar lo que ya se transformó en una costumbre parlamentaria: el inalterable rechazo de Juntos por el Cambio a todo proyecto que toquen intereses concentrados, denominador común en una amplia gama de temas tratados en los últimos meses. Un trabajo realizado por el bloque del Frente de Todos analizó las coincidencias del trámite dado a diez iniciativas muy diferentes, en las que la oposición hizo todo lo posible por frenarlas sin presentar una propuesta que la supere.

Siempre hay algún motivo para negarse a tocar algún interés, sea que se trate de las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos, el aporte de las grandes fortunas, la ley del fuego o la equidad en medios. El rechazo a modificar el status quo -por injusto que se vea- muestra a una oposición rabiosa, con el cuchillo entre los dientes, que se niega incluso a discutir modificaciones. La actitud común frente estas diez propuestas del oficialismo tan diferentes entre sí fue en espejo.

Primero, tratar de impedir que se reúnan las comisiones que deben darle forma al proyecto, después obstaculizan la firma del dictamen. Desde el inicio de la pandemia pusieron peros al protocolo para las sesiones en el recinto, por una cosa o por otra. Cuando no les queda más remedio, objetan aspectos reglamentarios. Luego niegan el quórum y presionan a otros bloques para que también lo hagan o no lo voten. En este punto suelen actuar en tándem con los medios de comunicación afines, con el escrache fácil a cualquier diputado no oficialista que no se pliegue a la estrategia. Al final, cuando ya está aprobado, acuden a la Justicia para ver si ahí consiguen revertirlo. Si lo consiguen nunca es una buena noticia para nadie que no integre un grupo de privilegio.
 

"Se ataca una industria que vale más que YPF", argumentó el ultramacrista Alvaro de Lamadrid el rechazo al proyecto de Biocombustibles elaborado por el bloque del Frente de Todos, que propone como prioridad el interés de las pymes y de las economías regionales por sobre las grandes cerealeras y las factorías de la región centro del país. "El sector más eficiente y dinámico de la economía", según De Lamadrid. Es la zona que vota macrismo. 

El régimen de Promoción de Biocombustibles, cuya continuidad ahora la oposición ahora defiende con tanta pasión fue aprobado en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Su hijo Máximo es quien plantea modificarlo. "El nuevo proyecto industrializa la ruralidad. Permite insertar lo producido por los pequeños y medianos productores en una cadena de valor local en lugar de exportar la materia prima en bruto. Esto le aporta valor agregado a la producción nacional y fomenta el empleo", explicaban en la bancada oficialista.

No importa mucho lo que diga el proyecto en sí porque siempre resultará que esconde un interés macabro que la oposición dice conocer. “No se trata de defender a los ricos, sino a los argentinos que necesitan que el empresariado invierta y cree empleos", argumentó el diputado del PRO, Luciano Laspina, para rechazar el Impuesto Solidario. “El derecho de propiedad no se puede coartar por otra ley, la intencionalidad de los incendios no se puede adivinar y prohibir al dueño que haga otra cosa con su campo”, aseguró la diputada Laura Rodríguez Machado contra la ley de Fuego. "Colisiona contra la libertad de expresión", sostuvo la radical Karina Banfi en oposición a la ley de paridad de género en medios. 

Los siete diputados que faltarían para llegar a Venezuela o a Nicaragua de los que habla la oposición son los que debería conseguir el Frente de Todos para dibujar un Congreso que encare un verdadero proyecto transformador en la segunda parte del mandato del presidente Alberto Fernández, luego de un primer tramo cruzado por las dificultades. Algunas encuestas lo dan como muy factible. Dado esta panorama, es imprescindible que suceda. 

Fuente: El Destape